A través de un comunicado, los legisladores advirtieron sobre una serie de “hechos muy claros” que configuran una “acción sistemática de desestabilización política y económica”.

Enumeraron una “brutal corrida cambiaría que pretende una devaluación abrupta de la moneda nacional; pedidos de juicio político a nuestro Presidente de la Nación (Alberto Fernández) y amenazas hacia nuestra vicepresidenta (Cristina Fernández)”.

También tildaron “acciones violentas contra el Instituto Patria” y la irrupción de “exmilitares convocando a las Fuerzas Armadas”, en referencia al excarapintada Aldo Rico, además de la presencia de “dirigentes políticos y operadores mediáticos planteando el adelantamiento de las elecciones”.

“Hacemos un llamado a la responsabilidad institucional de la oposición política. El contexto requiere claras y explícitas manifestaciones públicas”, sostuvieron los legisladores oficialistas. Y pidieron además al Poder Judicial que “asuma una postura proactiva en defensa de la democracia y las instituciones e investigue las denuncias que el Poder Ejecutivo ha realizado”. “Defendamos a nuestra democracia, que tantas vidas y esfuerzo costó recuperar”, convocaron.

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación denunció penalmente por delitos contra el orden constitucional a Rico, luego de que lanzara un mensaje golpista por redes sociales, con un video de más de cuatro minutos en el que llamaba a otros “veteranos” como él a prepararse ante lo que describió como un escenario de “anarquía”.

“Se advierte que se trata de un mensaje público destinado a sus ‘camaradas’ con el objetivo de alzarse contra la Constitución Nacional y deponer a los poderes públicos democráticos. Las expresiones de Aldo Rico contienen una amenaza pública e idónea contra las autoridades democráticamente electas”, sostuvo el organismo que conduce Horacio Pietragalla Corti. Organismos de derechos humanos pidieron que las acciones de Rico no queden impunes.

En tanto, el Instituto Patria presentó ayer una denuncia penal por la posible comisión de los delitos de “intimidación y amenazas de muerte” en “perjuicio de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner”, daños “a la propiedad” e “incumplimiento de los deberes de los funcionarios”, a raíz de los hechos registrados frente a su sede en la Ciudad de Buenos Aires.